Es el mayor escollo que tiene la Corona en su horizonte. Si bien la estrafalaria cacería detonó la indignación popular, el caso Nóos es el que ha puesto en jaque a la institución. Recordemos que a principios de año había bajado el número de personas que veían que el reinado de Juan Carlos I había sido bueno (de 43,5 a 35%) y subían los que opinaban que había sido regular (de 26,5 a 32%) y en menor medida los que tenían una opinión mala o muy mala (casi se mantenían los de muy buena). Los votantes de PSOE y UPyD indicaban generalmente que había sido regular (aunque de ahí para arriba los porcentajes no eran bajos), mientras que los del PP opinaban que había sido bueno. Evidentemente, los de IU dictaminaban que había sido malo (aunque de ahí para arriba muy parejos los porcentajes por encima del 20%).
Ante este deterioro de la imagen institucional, todas las franjas de edad y de elección política daban por sentado que era necesario un relevo en la más alta magistratura y este valor subió en un año casi un 15%. Y los votantes (en promedio) de ningún partido político opinaban que Juan Carlos I podía llegar a reflotar la situación. Evidentemente, en junio pasó lo que pasó y muchos de los votantes, excepto los de IU, confiaban en que Felipe VI sí podría reflotar la Corona. En principio, la Duquesa de Palma ya no forma parte de la Familia Real, por lo que puede ser juzgada ya sin miedos por parte de algunos timoratos. Si es inocente, el juez lo verá así y santas pascuas. Otra cosa es que a muchos les guste o no la sentencia.
El respaldo a la Monarquía está bajo (49,9% a favor y en contra un 43,3% más el consabido NS/NC) aunque en los votantes de PSOE y UPyD hay un reparto muy equitativo, aunque gana el no. PP e IU tienen más definidas sus simpatías. Las primeras medidas de auditorías externas, control de regalo y protocolo de trabajo de la nueva Familia Real van bien encaminadas, pero las prisas de aforamiento de don Juan Carlos también ha jugado algo en contra (aunque parece ser que era un requisito para que se llevase a cabo el proceso sucesorio).
El tema es que dejen al señor Castro terminar sus estudios y que se pase al juicio. Si hay condenas y castigos ejemplares, es posible que mucho del prestigio vuelva. Y más si la recuperación económica (lenta y con trampas) vuelve a la sociedad española en un par de años. Pero hay que ver qué tiene planeado (y si le dejan los fiscales cortesanos) para afrontar el caso del Instituto Nóos. La clave es Iñaki Urdangarin y los objetivos de la sociedad Aizoon. ¿Quién hizo las tropelías? ¿El Duque o la sociedad de la que participaba? Parece una tontería, puesto que es el ser humano el que hace, pero depende cómo lo ha hecho. Y dependiendo de esto hay más o menos responsables.
Veamos el caso (que si hay pacto entre bambalinas será el proceder del juez hasta la entrada en prisión de Urdangarin) de que el Duque de Palma haya creado una sociedad pantalla para sus negocios ilícitos. Por ahora está todo supuesto, no hay que ser mala persona y hay que garantizar la presunción de inocencia. Entonces, si hubiese querido estafar al Estado, ya que una persona física que se ha forrado ha de pagar en impuestos del IRPF hasta un 54% de lo que declare como ganancias. Entonces, si Aizoon hubiese sido una sociedad pantalla con dirigentes y empleados títeres para su provecho, el responsable del desfalco es la persona física, o sea, don Iñaki Urdangarin. El delito es si supera los 120000 € al año y existe intención clara de robarle al Estado. De ahí las idas y venidas de interventores por tal de cerciorarse en cada papel cuánto estafó o cuánto podría haber estafado. Facturas falsas, puestas a otro nombre, todo cuenta y muchas veces no es fácil seguirle el rastro.
Pero, ¿qué hubiese pasado si Aizoon fue fundada con 'buenas intenciones' y al poco se hizo un contubernio para robar y estafar al Estado? Aizoon, por supuesto, es una persona jurídica y los impuestos van por el conocido impuesto de sociedades, que llega hasta un 30% de lo que declare como ganancias, en caso de demostrar rápido enriquecimiento. Si no es una pantalla y los contratos por todo Levante fueron hechos por los miembros de Aizoon en beneficio propio los responsables son, claro está, los socios que componen Aizoon: Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón. Se computaría como delito si la estafa supera los 120 mil € en un año y la sociedad hubiese demostrad mala fe, es decir, que robó a conciencia. En este caso, sí que la Infanta lo tendría difícil, pues si la responsable es la sociedad Aizoon, los socios han de pagar por ello, hayan estado al tanto o no (no exime de delito desentenderse de cosas sabiendo que esas cosas pueden llegar a serlo). Es el escenario que temen incluso en Zarzuela, puesto que lo tendría muy difícil para asegurar su inocencia.
Solo el tiempo y la pericia del juez Castro y sus colaboradores determinarán si la responsabilidad es solo de Urdangarin al crear una sociedad fantasma para su beneficio o si es de toda la sociedad Aizoon, creada con fines delictivos. En España la justicia se administra e imparte en nombre del Rey pero, lo que es más importante, emana del pueblo español. Y cuando el pueblo español ve que se ha hecho justicia se depura la confianza en las instituciones, que vuelven a ocupar sus puestos de antaño.
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