EL CGPJ en funciones, ¿eternamente?

Creo que ya son más de dos años que la cúpula del CGPJ está en funciones y aún no tiene visos de ser renovada. Esto es una anomalía democrática que de continuar empezaría a tensar las costuras del entramado constitucional. Y no es moco de pavo, ya que una democracia, en el concepto republicano de la palabra, necesita no solo separación de poderes y control mutuo, sino también un normal funcionamiento.

En este problema hay varias partes que son las culpables. En principio el propio presidente Lesmes, que si bien regaña a los políticos por la inacción no se atreve a tomar cartas en el asunto de manera tajante. Se ve que las prebendas y el suculento sueldo impide a nuestros queridos magistrados dimitir en bloque para crear un agujero en el Poder Judicial y obligar inmediatamente a los políticos a moverse (ya lo hay al bloquear un proceso constitucional en que los redactores nunca pensaron que podría darse -supusieron sentido de Estado a los políticos del futuro-, el problema es agravarlo). Lesmes tiene intereses políticos (y filias políticas) y estará sopesando qué le va a convenir más para sus próximos años. Esto es un problema en sí, además de la pasarela inmediata que permite a un político pasarse inmediatamente a las labores judiciales y su contraparte, cómo un magistrado (supuestamente imparcial y sin influencias) puede militar de la noche a la mañana en un partido político desempeñando cargos públicos. Ojo, no digo que los jueces no tengan ideología, sino que debería haber algo estilo nevera (un tiempo donde no te puedes pasar, sería incompatible) para que quede patente la imparcialidad.

Otra parte del problema es la indolencia de la oposición, en especial de Pablo Casado. Tiene un no tajante en la boca y toda opción de diálogo se niega en rotundo. Ser constitucionalista no es solo defender la unidad de España y sus símbolos, sino también velar por el cumplimiento de la Carta Magna. Y él, con su oposición feroz y destructiva, está minando la Constitución al igual que hacen sus odiados independentistas. Según él, no quiere que los radicales (léase Podemos) entren en el reparto judicial. Y ahí se queda. O sea, no le preocupa que el Legislativo y Ejecutivo metan mano en el Judicial, sino que tiene miedo que al ser más le caigan menos en el reparto. Al final, tal obstinación hará que se resienta la democracia, la misma democracia que dice defender con uñas y dientes.

Cómo no, la tercera pata del taburete es el Gobierno. Sánchez, contra Rajoy, proclamaba evitar interferencias entre poderes. Ahora que él es Presidente se le olvida. Bueno, esto siempre pasó. Pero no puedes criticar a lo bestia y después desdecirte. Y querer cuadrar jueces de tu color en el reparto queda ya feo. También podría ponerse serio y con Iglesias idear la tan ansiada reforma de elección del Consejo General del Poder Judicial. Si bien inicialmente los jueces se elegían a ellos mismos pronto vieron que era un desastre: las diferentes asociaciones de jueces querían imponer su cuota y los tratos de favor (ganarse el de la asociación o el de la asociación ganándose un número) provocaron la reforma actual. El propio Tribunal Constitucional indicó que era tema sencillo que violase la Constitución, pues iba a ser la elección dominada por los partidos políticos (debían poner atención de que no pasara y que pensaran apartidistamente, advirtió este tribunal). El tema es que cuando no hay mayorías absolutas hay que negociar, y no siempre desean negociar.

Incluso hubo miembros del Gobierno apostando por cambiar la ley ya para desbloquear. Esto me parece deshonesto, puesto que si bien se puede hacer es como romper la baraja a mitad de la partida, crea inseguridad legislativa y jurídica. Cuando este desmadre se arregle, que la cambien corriendo, pero no antes de la renovación. Hay jueces que se hacen los eruditos y dicen que solo ellos pueden elegirse. Por un lado tiene lógica pero se corre el riesgo de convertirse en algo autónomo y que no necesita de intervención externa: un poder que incluso queda al margen de la soberanía popular y de su control por parte de sus representantes legítimos (diputados y senadores). En este caso el control y balance de poderes también se derrumbaría.

No soy yo jurista experto pero deberían plantearse varios escenarios y modelos y obligarse a sentarse para dialogar y pactar una nueva cúpula y de ahí reforma urgente para asegurar su independencia. Creo que para que esto sea posible Casado ha de tragarse un poco el orgullo y, sobre todo, que Lesmes obligue a dimitir en bloque a todo el CGPJ.