En este cuarto capítulo de las entregas centradas en la época de la Restauración es necesario tratar el tema del primer ciclo de gobierno tras la transición encargada de la redacción de la Constitución. Sumado a los avatares ya mencionados hay que reseñar algunos problemas más que existían cuando Alfonso XII accede al trono que no son otros que los conflictos armados que existían en España en esa época. Pacificar el país era algo obligatorio si se quería restar protagonismo a los militares y comenzar una política civilista. En los estertores de la República el presidente Serrano había acabado con el movimiento cantonalista, lo que indicaba que quedaban aún dos conflictos por resolver: la guerra carlista y la de Cuba. Para lograr la pacificación los esfuerzos económicos y humanos fueron ingentes. El tema a resolver más inmediatamente no era otro que la II Guerra Carlista que atenazaba a la propia península. Existían tres focos: el de Aragón-La Mancha, plagado de guerrilleros; el de Cataluña, que ocupaba un gran espacio geográfico, y el de País Vasco-Navarra, con el régimen carlista fuertemente consolidado y con un ejército digno de temer. Las tropas alfonsinas controlaron rápidamente la zona manchega y aragonesa con la toma de algunas plazas fuertes gracias a Jovellar y Martínez Campos y la declaración de legitimidad hacia Alfonso XII por parte del general Ramón Cabrera, estimado por los carlistas, en marzo de 1875. La toma de Cataluña comenzó ya por enero de 1875 y se tuvo que ganar territorio poco a poco, ya que los carlistas dominaban el 75% de la región. Debido a los efectivos sitios de las plazas fuertes levantados victoriosamente en mayo-junio de 1875 pacificó el territorio catalán, obligando a la huida de decenas de miles de soldados a Francia o Navarra. Tras abandonar la presidencia Jovellar, éste se dedicó en cuerpo y alma a la recuperación del norte moviendo a una cantidad ingente de soldados, superando en cuatro veces a las estimaciones que tenían sobre la dotación del ejército carlista. En diciembre de 1875 movilizó tropas al mando de Martínez Campos para que pacificase territorio navarro y otras (doblando el número manejadas por aquél) al mando de Quesada para conquistar suelo vasco. El Rey volvió a acudir en febrero de 1876 al frente tal y como hizo casi un año antes, pero con mayor fortuna, ya que en esa vez casi es capturado por los carlistas. Alfonso pudo ejercer sus conocimientos militares en estas últimas fases para poner en conocimiento de sus ejércitos lo que había aprendido en las diversas academias militares europeas en las que estudió. Con esto ganó la simpatía del pueblo y un serio respeto por parte de los militares, cobrando confianza para poner en práctica el régimen civilista que se pretendía desde el primer momento. La ocupación de las plazas fuertes, la entrada de Alfonso XII en San Sebastián y Donostia y la huida de Carlos VII finalizan la guerra con manifestaciones de júbilo mientras se ponía en marcha los últimos retoques a la Constitución. No hay que olvidar que este éxito arrollador tuvo fortuna gracias a las diferentes facciones irreconciliables en el seno del carlismo, así como algunas reconversiones por la monarquía alfonsina. El Gobierno movió una cantidad ingente de tropas, presupuestos y declaraciones diplomáticas, jugando con el progresivo asentamiento del régimen en el resto de España con el tiempo. Además, la aceptación del resto de potencias europeas del reinado de Alfonso junto con la pérdida de motivación del movimiento carlista (ya no era una lucha contra un Rey extranjero o un régimen republicano) hicieron que la victoria se decantase de una manera clara. Tras la guerra muchos simpatizantes del carlismo intentaron reciclarse para entrar en el nuevo orden, aunque persistirán con sus ideas de unidad católica para la nueva Carta Magna. Sin embargo, el giro de política vaticano hará que queden relegados a una minoría difusa que a pesar de todo ha sobrevivido hasta nuestros días. La política reconciliadora de Cánovas hizo que a pesar de la abolición de los fueros se decretasen conciertos económicos con las regiones derrotadas para que así no viesen al nuevo Rey como a un enemigo. Eliminados los fueros que venían de la I Guerra Carlista (1839) se intentó normalizar la situación en tierras vascas haciendo un trato de igualdad de derechos y obligaciones que el resto de España, aunque favoreciendo ampliamante en tratos económicos para lograr la conciliación. Generalmente se tuvo éxito, aunque en ciertos sectores quedó como una afrenta, sirviendo de germen para los inminentes nacionalismos.
Para congraciarse con los benefactores cubanos que la habían apoyado, la monarquía alfonsina tuvo que afrontar inmediatamente la pacificación de Cuba, que llevaba más de un lustro bajo el poder de las armas. De nuevo se recurre al tándem Jovellar-Martínez Campos, que empiezan a movilizar las tropas en noviembre de 1876 en suelo cubano. En puestos relevantes fueron colocados a importantes militares para que el soldado raso ganase confianza, contando en que las tropas españolas eran diez veces más numerosas que las tropas revolucionarias. Para aligerar el rigor bélico comenzaron multitud de contactos con los cabecillas rebeldes para intentar encontrar alguna solución al conflicto. Esto se unió a la actitud del ejército, conminada por los generales, para que no llevasen a cabo abusos en la población conquistada y que usasen más las artes del comercio que la violencia para así ganar apoyos. En resumen, el desgaste tras tantos años de guerra favoreció la estrategia de Martínez Campos consistente en movilizar al grueso de las tropas a las zonas altamente problemáticas y una campaña de desmoralización del enemigo. En febrero de 1878, por consiguiente, las tropas pacificadoras consiguen un acuerdo de paz con los revolucionarios que se centraban en: igualdad de libertades cubanas a las de Puerto Rico, amnistía general y libertad de esclavos y asiáticos (fomentada desde hace tiempo por Martínez Campos). Algunos focos de la parte oriental de la perla del Caribe prolongaron dos meses más el conflicto, quedando ya la paz asentada en la isla. Martínez Campos apostó desde el primer momento a no aplastar brutalmente a los enemigos, sino a intentar llevar a cabo concesiones y diálogo, pudiendo de esta manera acortar el conflicto y disminuir el número de bajas. Éste se encargó de reconstruir la isla hasta mitad de 1879, momento en que Cánovas reclama su presencia en Madrid para que asuma la presidencia del Gobierno debido a su gran prestigio ganado. Desempeñó durante poco tiempo el cargo teniendo que luchar para que se aplicasen de manera positiva los acuerdos de paz de Zanjón, debido a las controversias nacidas en el Senado por parte de las facciones canovistas. Afortunadamente, pudo promulgar la Ley de Abolición de la Esclavitud a pesar de muchos sectores inmovilistas. Ya a mediados de 1879 algunos rebeldes reinician la guerra, siendo rápidamente derrotados a lo largo de un año por Polavieja. Sin embargo, este conflicto hace ver claramente a los militares que las ansias independentistas no van a desaparecer tan fácilmente, proponiéndose mejoras para Cuba y un proceso paulatino de independencia que llegue a una separación amistosa. Cánovas, de nuevo Presidente, no podrá imponer las reformas pactadas para Cuba, aunque sí sacará adelante la ley de Abolición en febrero de 1880.
Durante el periodo 1875-1877 Cánovas hará caso omiso de los valores constitucionales y recortará libertades para evitar algún rebrote bélico. Sigue por tanto la política continuísta de intervención y proclamación de Estado de Excepción ya decretado en 1874 para erradicar el carlismo y el cantonalismo. Vio el Presidente entonces un campo ideal para ir implantando reformas y no ser contestado por nadie, al más puro estilo autocrático. En su defensa hay que anotar sus directrices de no usar revanchismo y no vetar a grupos minoritarios de poca influencia. Ya en enero de 1877 publicó una ley explicativa del por qué fue necesario aplicar una política dictatorial avisando que a partir de ese momento todo iba a regularizarse al haber sido pacificada España y las reformas bien asentadas. El punto más polémico es la permanencia de ciertas restricciones, sobre todo a la libertad de imprenta. Una ley de enero de 1879 indicaba cuáles eran las restricciones: se necesitaba para imprimir la venia del Gobierno y no se debía insultar a la religión (y menos a la católica) ni al Rey ni a la institución monárquica ni a la propiedad privada, la familia, el orden público y el Ejército. Además, se instauraba un tribunal especial para delitos de imprenta al más puro estilo inquisitorial. Muchos autores han advertido que durante estos años los problemas de comunicación de noticias, la distribución de prensa, las intervenciones y los sobornos fueron algo cotidiano. El punto álgido llega en la cantidad de prohibiciones que se dan a lo largo de 1880, sobre todo en periódicos madrileños afines al republicanismo y al carlismo que no dejan para nada bien a la Familia Real ni al ejército en sus artículos. Todo esto se vio agravado por la ausencia de policía civil preparada para enfrentarse a estos casos, por lo que todo era adjudicado a la Guardia Civil que estaba plenamente militarizada, por lo que su desconocimiento de estos nuevos delitos y la entrada en la ruda jurisdicción militar hicieron a más de uno pasar un largo calvario. A partir de 1881 se aprecia un aumento de libertades, pero sólo debido a la diferente manera de aplicación del control del orden público a manos del nuevo gobierno liberal. Los delitos civiles seguían siendo investigados por ejército y Guardia Civil, poniendo en peligro la aplicación de las premisas constitucionales. A pesar de las directrices liberales por fomentar el diálogo y no acudir a la autoridad la actividad de represión por parte de la Guardia Civil aumentó, ya que se iniciaba la época de los modernos conflictos sociales. En diciembre de 1883 ya se anunciaba con vergüenza que las atribuciones de la Guardia Civil eran excesivas, aunque esto no impidió que a finales de 1886 se tipificase como delitos los insultos al cuerpo. Todo esto en su conjunto hace ver que si bien no era ya una era de pronunciamientos militares y primaba el civilismo, la presencia militar aún estaba presente y hacía fuerza por otros lugares. La libertad de reunión recortada por ley de junio de 1880 se hacía muy ambigua, por lo que se prohibían manifestaciones en recuerdo de la I República los 11 de febrero. Los liberales, a causa de su refrescante política, reinterpretaron la ley para que pudiesen reunirse en libertad, aunque a cambio se hizo fuerte represión a los industriales catalanes que se manifestaban por ciertas reformas, proclamando el Estado de Sitio en Barcelona en 1882. Algo semejante se dio en todo el país a mitad de 1883 por un auge en revueltas cantonalistas y republicanas. El aumento de dueda pública durante el Sexenio Revolucionario se suma a los gastos enormes de las guerras carlista y cubana. Para intentar paliarla los ministros empezaron a manejarse con delicadeza para ganar ingresos y disminuir gastos, utilizando decretos de 1874 para ello. Los dos primeros años de la Restauración se resumen en gastos para la guerra (la mitad del presupuesto). Una vez finalizada la guerra el presupuesto pudo elaborarse apuntando a sanear la deuda. Gracias a unas cuentas equilibradas se pudo afrontar el déficit público frenando gastos (cosa imposible) y aumentando beneficios. En junio de 1875 se intenta dar un giro proteccionista suspendiendo la ley de aranceles de 1869, por lo que fomentaban el comercio y las ganancias por aduana. La política entonces vio que grandes sumas de dinero entraban en el país a cambio de la exportación de vino, por lo que fomentaron su producción y venta. Cambiando las reglas para aranceles se generaron ingresos para ganar en hacienda aumentando el precio de las exportaciones más preciadas y dependiendo la economía española de estas ventas. Un complemento ideal fueron los acuerdos comerciales firmados con diferentes potencias, entre ellas Francia, Bélgica y Austria-Hungría, teniendo además el visto bueno de varios países, excepto Inglaterra. Con esto se subsanó los déficit de 1874 y 1876 con los superávit de 1880 y 1881 gracias al comercio con Francia y la venta ingente de vino.
Al contrario de la idea generalizada de que Cánovas era un fiero aislacionista se ha implantado la idea de que los conservadores aplicaron una política de recogimiento, a la expectativa de los cambios ideológicos en Europa. Se evita aislarse a la par que comprometerse explícitamente. Se debe ver las jugadas de los demás para después saber moverse, no ganarse enemigos gratuitamente. Además, Cánovas, debido a sus estudios históricos, constata personalmente la decadencia de España iniciada en el siglo XVII; observa la nueva irrelevancia de las potencias latinas (mediterráneas) ante el impulso de las naciones anglosajonas. Por tanto, la idea de no fastidiarla unida a que en plena decadencia poco podían hacer fue la línea de política exterior ejercida por los conservadores. Sabiendo que la gente estaba mal informada y harta de guerras, unido a la precariedad de las fuerzas armadas no era posible entrar con fuerza en el plano internacional. Frente a la política de reforzar las defensas y pasar desapercibidos de los conservadores están las ideas del partido liberal por fomentar la actividad y la iniciativa para lograr relevancia. En la era conservadora todos los pactos internacionales se dieron porque eran inevitables y siempre y cuando viniesen avalados por un aumento defensivo de España (pactos con Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Austria-Hungría, Bélgica, Italia, etc.), de esta manera se convirtió España en una potencia netamente neutral y que cuando era obligada a decidirse lo hacía en favor de Francia a pesar de tener más afinidad con Alemania, siendo quizás un elemento para equilibrar las simpatías europeas por las potencias de la época. La apertura del régimen de la Restauración ante Europa es favorecida por Alemania, ya que Francia acogía a los refugiados republicanos y carlistas e Inglaterra desconfiaba de un posible régimen católico extremista. Esta firma de buenas intenciones consolida el proyecto alfonsino aunque debido a la política de neutralidad no se convirtieron en aliados de nadie, ni un país entró en los planes del otro. Tras el logro de las firmas de los tratados comerciales que aumentan los ingresos el gobierno de Cánovas tiene que decidirse sobre la política europea en África, ya que franceses e ingleses ponen en riesgo las posesiones españolas en el occidente de este continente. En julio de 1880 Cánovas se decide hacerse notar en el marco africano como administrador de sus colonias, asentando factorías en lugares estratégicos. Hubo gran iniciativa privada por parte de intelectuales, unida a algún timorato movimiento gubernamental a la hora de fundar sociedades y asociaciones para fomentar la presencia española en África. Estos grupos africanistas entonces promueven y subvencionan expediciones a colonias españolas en África, planteando además el asentamiento en territorios ganados por tratados. Su presión fue tanta que incluso insistieron vehementemente por la intensificación de las relaciones España-Marruecos.
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Publicado originalmente el 30-07-2010
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