En esta sexta entrega sobre las luces y las sombras de la Restauración se hablará de la política llevada por el Gobierno presidido por Sagasta. En su afán liberal intentará eliminar las trabas impuestas por los conservadores, de tal manera que en febrero de 1881 Albareda decreta la libertad de cátedra, por lo que los krausistas pueden volver a enseñar en un marco de nuevas libertades e incluso muchos krausistas republicanos exiliados tienen la oportunidad de retornar a su país, asegurando así la reconciliación total. También, como se ha referido en otras entregas, los liberales quitan rigor de la ley de asociación, por lo que empiezan a ser aceptadas las manifestaciones de los 11 de febrero en homenaje a la I República. En marzo de 1881 el Tribunal Supremo ratifica la validez del artículo 11 de la Constitución, por lo que vuelve a asegurar la libertad de culto como algo propio e inviolable de la conciencia humana. En este mismo mes se aplaca la aplicación de la censura en la prensa, permitiendo el partido de Sagasta que se exprese sin problemas ciertas cuestiones políticas fundamentales, tachando de reprobable la censura por deporte y conminando a que las opiniones se den de manera correcta y no atacando a cosas inviolables. Este aumento de libertad entre los españoles hizo que Castelar terminase por aceptar el proceso de la Restauración, ya que a su juicio han sido derogadas las leyes restrictivas y la libertad de enseñanza hará una rápida transición a la democracia, colocándose España al nivel de las grandes potencias liberales. La gran cantidad de reformas iniciadas por el Partido Liberal se plasman en tres puntos fundamentales: educación, justicia y economía. Alonso Martínez comienza en esta época una reforma del Código Penal, que se verá finiquitada ya por 1889 debido a ciertas reticencias de aceptar por parte de los territorios forales y del Vaticano en cuanto a los puntos que trataban el matrimonio canónico. En una línea que entraba en consonancia con las políticas conservadoras (es decir, sin modificar todo de manera radical) Martínez consigue las reformas de justicia: ley de Enjuiciamiento Criminal, bases para el Código Penal para Ejército y Armada, organización de modernos tribunales militares, audiencias de lo Criminal en todo el país, tribunales colegiados y juicios orales y públicos. Albareda, al mando de Fomento, tuvo que realizar las reformas deseadas contando con muy poco presupuesto, pero que en el intervalo de febrero de 1881 - noviembre de 1882, destaca grandes logros con la reforma de la educación, fomento de agricultura, regulación de explotaciones mineras y el impulso de obras públicas.
La Educación empieza a tener un buen impulso al derogar el decreto Orovio que prohibía la libertad de cátedra, por lo que permite una enseñanza más variada a la vez que dignificaba la enseñanza primaria pública, tan denostada por aquella época. De este modo los maestros pudieron empezar a cobrar puntualmente, erradicando las congelaciones sucesivas que habían padecido. Es cierto que varios integrantes de la Institución de Libre Enseñanza ayudan a mejorar el sector mediante la promoción del Museo Pedagógico y la aparición de Gimnasia como asignatura obligatoria. Además, hubo modificaciones en el nivel universitario que condujeron a la implantación de cuatro nuevas cátedras superiores enfocadas en el derecho (eclesiástico e internacional privado), la filosofía y la administración. Los krausistas influyen nuevamente en el panorama educativo, presionando al ministerio de la creación de más bibliotecas populares y el apoyo manifiesto a escuelas de Artes y Oficios que son nocturnas y gratuitas en un intento de lograr la educación y el avance social de las clases obreras. En el ámbito de la agricultura intentaron dar a conocer nuevas técnicas de cultivo, creando granjas-modelo, concursos para la publicación de cartillas, exposiciones y la fundación del Instituto Agrícola. Debido a unos conflictos con Francia a causa de unas pésimas actitudes hacia el colectivo español asentado en Túnez se empiezan a fabricar leyes que frenen la emigración mediante la promoción de los beneficios de una repoblación rural por parte de los posibles emigrantes. Albareda cumplió sus objetivos al realizar catálogos del estado de los montes, regulación sobre la explotación minera y la construcción de embalses y canales de regadío. También el Instituto Estadístico publicó numerosos censos de población y estadísticas de emigración.
Respecto al tercer punto, la economía, será todo obra de Camacho, al frente del Ministerio de Hacienda. Sus ideas versaban en continuar lo que él mismo inició ya en 1874 en un afán de cumplir el trabajo que quedaba a medio hacer, pero sin llegar a ser rupturista respecto a las leyes ya promulgadas por los conservadores. En los primeros momentos se ve rodeado de reticencias y descontento, llegando hasta movilizaciones en contra de su política de reformas hacendísticas y fiscales. Tras tantos años de déficit y políticas dedicadas a la contención de gasto, Camacho pudo finalmente eliminar la deuda pública, junto con la creación del cuerpo de inspectores de Hacienda, creación de la Dirección General de lo Contencioso-Administrativo, mejoras en la administración económica provincial, posibilidad de hacer reclamos económicos y administrativos y la creación de inspectores de comercio e industria. Para mejorar la principal fuente de recaudación directa, la territorial basada en inmuebles, cultivo y ganadería, Camacho se vio impelido a terminar las reformas conservadoras para actualizar el catastro, ofreciendo impresionantes rebajas en los impuestos a quien entregase documentación fehaciente y actualizada. Muchos pueblos se acogieron a esta ganga pero en total la mayor parte de la riqueza seguía oculta. La contribución industrial tuvo tanta crítica por parte de los gremios que tuvieron que actualizar inmediatamente el reglamento publicado. El impuesto indirecto más importante seguía siendo el de aduanas y el segundo en importancia era el de consumo. Éste supuso grandes beneficios al Estado por rehacer los cálculos del impuesto en función del tamaño de la población y la capacidad de consumo. Los beneficios fueron tantos que se aplicaron rebajas a las localidades para que no protestasen por el aumento del impuesto. Además, esta maniobra pudo paliar las pérdidas acaecidas por la derogación del impuesto sobre la sal. Los ingresos por monopolio, centrados en el tabaco se remodelaron para que lo que se invertía afectase en la modernización de las fábricas tabaqueras, ya que desde los inicios de la Restauración había sido una fuente importante de ingresos.
Junto a todo esto hay que admitir que para que España tuviese considerables ingresos era necesario reducir los gastos, algo que pudo hacerse excepto en los ministerios de Fomento y Guerra. Además, el efecto de reducir los intereses en deuda pública hizo que el plan de Camacho llegase a buen puerto sumando esto a todo lo anterior. Alcanzado este equilibrio presupuestario se empezó a recuperar crédito público en los mercados internacionales, cuestión muy positiva, ya que en esa misma época comenzó un nuevo intervalo de firmas de tratados comerciales con diversas potencias. El sistema monetario español cambió por tanto vertiginosamente, puesto que se eliminó el patrón oro, se aumentó la circulación fiduciaria y se logró depreciar la peseta, lo que contribuyó a una bonanza económica que duraría hasta 1898. Estas ventajas traídas por Albareda y Camacho consiguieron retomar buenos proyectos del pasado y tenerlos acabados dentro de su gestión en un marco reformista no alejado de las ideas que también tenían los canovistas, aunque después de 1885 se siguieron modificando estas ventajas para lograr actualizarlas con el paso de los años y la variación del panorama. De todas maneras no podía llover al gusto de todos, y menos de los que con las nuevas leyes tenían que desembolsar más dinero de lo que hacían. Esto provocó reticencias y protestas, como los gremios barceloneses ante el impuesto industrial en febrero y marzo de 1882. Estas protestas fueron apoyadas por voces que clamaban por una política proteccionista ante la inminencia de un tratado comercial con Francia. Las críticas por parte de elementos políticos y económicos contra el tratado hacen gala de la diversidad de corrientes existentes en la España de la época. Es más, las ideas de venta de montes públicos y deheseas por parte de Camacho encontraron la oposición del propio Albareda que veía en estas iniciativas un ataque de su política de reactivación de la agricultura. Este conflicto, junto a las presiones de las distintas ramas liberales apartadas del poder, obligaron a Sagasta a renovar su equipo ministerial, ocupando el ministerio de Hacienda Pelayo Cuesta y en Fomento Germán Gamazo.
Esta apertura comercial liberal está en consonancia con sus políticas económicas, pero entran también en juego sus ideas de política exterior. Por este motivo, se renovaron y ampliaron muchos acuerdos con el resto de países como fueron Francia e Inglaterra, sobre todo en materia vinícola. Ambos tratados fueron contestados por grupos catalanes que se opusieron a ambos con más o menos energía. No era cuestión baladí cada tratado, ya que al tener una balanza positiva en el marco económico se permitieron los liberales ejercer menos presión arancelaria, retomando la ley de Figuerola de 1869. Para aliviar estas reticencias los liberales empezaron a implantar medidas favorecedoras a los gremios afectados en un afán de compensación: fomento de la circulación interior, sobre todo con el uso de ferrocarril en tierras catalanas; mejora del tráfico con las Antillas reduciendo aranceles entre Cuba y España en materia textil y azucarera, y bajos aranceles para los productos vitales para la industria. Este último punto repercutió favorablemente a las fábricas textiles, jaboneras, químicas y a un abaratamiento del carbón. En resumen, el superávit español fue impresionante en esta década, en comparación con los años de penuria tras los conflictos internos, pudiendo crear Cámaras de Comercio en el extranjero en Inglaterra, Francia, Méjico, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos y Marruecos. Sin embargo, los ingentes beneficios dependían del trato con Francia por el vino y con Inglaterra con los minerales.
En política exterior se abandona el recogimiento y la neutralidad típica de Cánovas del Castillo, comenzando una política ciertamente activa, incluso hasta niveles demasiado elevados, conllevando ciertas decisiones en ámbitos de poca incumbencia y sin preparación necesaria para actuar con conocimiento. Al contrario de lo que sucedía cuando gobernaba el Partido Conservador (era afín a Alemania pero se decantaba en seguir las directrices de Francia) ocurre todo lo contrario a lo que debería suponerse: se distancia la relación con los Estados afines de Francia e Inglaterra y se adoptan las resoluciones decretadas por Alemania. Esto podría venir motivado por un interés de entrar en el círculo de alianzas de Bismarck y una crítica a los conflictos con Francia (reclamación de indemnizaciones por un trato irrespetuoso a los españoles afincados en Argelia y ciertos encontronazos en Túnez por la iniciativa francesa que podía poner en peligro el control de Marruecos para España y el resto de Europa, todo ello aderezado con las propuestas intervencionistas de los africanistas madrileños) y un altercado con Inglaterra por Gibraltar (a las reclamaciones típicas de soberanía se había unido un nuevo episodio: Alfonso XII permitió a los gibraltareños alojarse en una zona más interna del territorio español de manera transitoria mientras esperaban que las plagas endémicas desaparecieran del Peñón; sin embargo, tras la cuarentena no se devolvió hasta hoy el territorio cedido por razones humanitarias -hoy en día esta zona es la del aeropuerto-, todo ello junto a que ninguna de las partes se aclaraban en la delimitación de las aguas jurisdiccionales gibraltareñas). Sin embargo, nunca fueron afectados los tratados comerciales por estas rencillas. Aun con todo esto, España no llegó nunca a tener una importante relevancia internacional: fueron obviados sus intereses en los tratados de los canales de Suez y Panamá. Afortunadamente, no fue relegada a un aislamiento diplomático, por lo que la política exterior siguió siendo algo de obligada antención por parte del gobierno liberal. Hay que tener en cuenta el conflicto que más repercusión se dio en estos años, que no fue otro que el viaje europeo de Alfonso XII en septiembre de 1883. Según parece, la política liberal en cuestión del Rey es diferente a la de los conservadores: mientras que los primeros dan por sentado que el monarca ha de ocuparse de aspectos militares y de alianzas internacionales, con una presencia en el Poder Ejecutivo, los conservadores siempre han intentado despolitizar la persona del Rey, encargándose de elementos que no han sido cubiertos por el Gobierno y que por tanto quedan exentos de politización. Estas diferencias de criterios se suman a las ideas personales de Alfonso XII, puesto que se acercaba mucho a las propuestas y el hacer del Segundo Imperio Alemán. Su estancia en Austria-Hungría y en la propia Alemania difirió de las ideas exteriores del Gobierno liberal liderado por Vega de Armijo. Alfonso XII actuó de manera entusiasta y más de lo protocolariamente exigido, viéndose identificado con muchas ideas que estaban en boga en el II Imperio. Con tal participación en las maniobras militares y la aceptación de medallas en un territorio reclamado por Francia se vio claramente la separación de la política gubernamental y la política regia personal. Por tanto, Francia inició un conflicto diplomático con España que tuvo consecuencias imprevistas: la Alemania de Bismarck finalmente no admitió a España en su proyectada Triple Alianza.
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Publicado originalmente el 23-08-2010
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