Por fin llegamos al último capítulo dedicado a la Restauración alfonsina. Esta novena entrega cierra el ciclo histórico y político, con tintes sociales y artísticos sobre una apasionante época de España, al menos para mí. El final va a abordar el punto de vista religioso de la vida española durante el reinado de Alfonso XII, que no es cosa para obviar debido a las grandes implicaciones y las controversias que acaecieron. Hay que tener en cuenta que el comienzo de la Restauración no atrajo las simpatías de la Iglesia, debido a que durante la transición política se tanteó la posibilidad de redactar una Constitución que permitiese la libertad de culto. La Iglesia, despechada, protagonizó muchas protestas y las manifestaciones católicas inundaron las calles. Además, poco a poco se va creando un desfase en el que el catolicismo deja de lado los proyectos canovistas, convirtiéndose con el tiempo en dos extraños. Cánovas, teniendo en mente siempre su proyecto conciliador e integrador en el que se basaba la Restauración, intentó atraerse a la jerarquía católica tras la promulgación de la Constitución de 1876. Pudo conseguirlo en parte a la hora de aplicar el artículo 11 desde el punto de vista más restrictivo posible. En octubre de 1876 el Presidente anunciaba a los Gobernadores Civiles que se prohibían las manifestaciones públicas no católicas, además de tener un registro de sus instalaciones y la obligatoriedad de distinguir entre sus centros de enseñanza y sus templos de culto. Esta directiva tan estricta contó con las críticas de las escuelas protestantes, además de las negativas de Alonso Martínez y José Luis Albareda, que veían una aproximación de Cánovas hacia los moderados que podían empeorar la aplicación del artículo constitucional. El embajador británico en España también puso quejas formales, ya que estaba interesado en la entrada del protestantismo en suelo español dentro de un marco de tolerancia aceptable. Las presiones internacionales, lideradas por Alemania e Inglaterra hicieron que Cánovas defendiese con ahínco al texto constitucional, apoyado además por el Vaticano.
Hay que tener en cuenta que la procedencia del mayor número de conflictos y malentendidos surgían por la existencia de dos marcos legales algo diferenciados: el Concordato vigente desde 1851 y la Constitución promulgada en 1876. El último apoyaba la libertad y la tolerancia, el primero no eran tan aglutinador e incitador de convivencia. La Iglesia y el Estado por tanto tuvieron que jugar con ambas cartas para intentar llegar a los compromisos necesarios. En el caso de la Ley de Instrucción Pública se debían incluir planes de estudio, enseñanza religiosa en centros públicos, control del temario por parte de obispos y requisitos necesarios para abrir centros privados. Como es evidente, se tocaban tantos puntos candentes que esta Ley iba a ser difícil de sacar para delante. La Ley se preparó en 1876 y tras varias revisiones y protestas el Senado terminó por desestimarla, quedando pendiente para la siguiente legislatura. La Santa Sede y la alta jerarquía eclesiástica española entonces pudieron continuar aplicando sus directivas sin problemas. La vigencia del Concordato y la tolerancia promulgada por la Constitución evitaban un acuerdo del artículo 2º de la Ley, por la que el Estado indicaba la obligatoriedad de la enseñanza primaria. Los obispos vieron en esto un intento de supremacía estatal sobre las labores de enseñanza de la familia y la Iglesia. Además, entendían que el articulado carecía de gran ortodoxia doctrinal, al estar sujeta la censura eclesiástica a la previa del Estado y su voluntad para que pasasen los textos por manos eclesiásticas. Durante el gobierno liberal, el ministro Albareda, en 1881, mediante una circular repuso en sus cátedras a los profesores krausistas (obligados a exiliarse) en un intento de conciliación y aperturismo. Sin embargo, los fervientes católicos se quejaron de la circular mediante críticas episcopales y manifestaciones organizadas por la recién fundada Unión Católica. En 1884, la llegada de Pidal y Mon al Ministerio de Fomento fue como una revancha para los sectores católicos, ya que propuso al obispo Aguilar que redactase bases para la Ley de Instrucción Pública aceptables para la Iglesia. Finalmente, este nuevo proyecto quedó frustrado, cosa que no impidió a Pidal emitir leyes que favorecían la enseñanza privada religiosa, que tenía ya una acogida importante en la España de 1885. El Gobierno al final tuvo que promulgar un Real Decreto por el que se indicaban las enseñanzas mínimas que debían dar estos centros primarios para que sus títulos fuesen homologables con los del Estado.
No sólo la Ley de Instrucción Pública fue la protagonista de los conflictos entre la Restauración y la Iglesia católica, sino también el Código Civil, y más concretamente la base 3ª que regulaba el estatuto jurídico del matrimonio civil en España. La ley de matrimonio civil de 1870 había quedado muy modificada por el decreto de febrero de 1875 y por una posterior circular por la que se aseguraba que un matrimonio canónico entre católicos contaba con toda la validez civil siempre que los párrocos recordasen a los contrayentes la obligación de inscribirse en el registro civil como casados. Incluso el Tribunal Supremo participaba de esta idea, ya que en noviembre de 1879 dio su apoyo a un párroco que permitió un matrimonio canónico de dos personas casadas civilmente con anterioridad, lo que implícitamente daba preeminencia al matrimonio canónico sobre el civil. En mayo de 1880, el Parlamento inició un debate para clarificar los efectos civiles del matrimonio. La Iglesia no tardó en protestar, ya que al objetar que el matrimonio es un sacramento sólo podía obedecer a la jurisdicción eclesiástica. Con la llegada al poder de los liberales se retoma con más fuerza el marco jurídico de regulación del matrimonio, rodeado de negociaciones con el Vaticano en un deseo de poder finiquitar la gestación del Código Civil. Sólo hasta 1887 los gobiernos liberales y la Santa Sede no pudieron tener una buenísima disposición recíproca para alcanzar un acuerdo tolerante. Pero hasta esa fecha sucedieron varias cosas. En febrero de 1883, el Congreso tuvo la oposición de la Iglesia al intentar regular el matrimonio civil, tanto que el gobierno conservador de Cánovas y Pidal tuvo que aparcar la propuesta. En noviembre de 1886 Alonso Martínez, en un arrebato de lealtad constitucional, logra regular el matrimonio civil entre no católicos, que terminó en la culminación de negociaciones en las que permitieron en marzo de 1887 al Estado legislar el matrimonio y sus efectos civiles. Sin embargo, en junio de 1887 y febrero de 1888 surgieron nuevas diferencias de criterio al entrar en desacuerdo sobre los casos excepcionales de residentes en el extranjero. Nuevas reuniones hicieron que el mayo de 1888 el Senado aprobara el texto definitivo. Conseguido el objetivo se pudo ver a posteriori la capacidad de diálogo de la Santa Sede y los liberales para congraciarse en el marco del espíritu del Sexenio Revolucionario, la Constitución de 1876 y la monarquía propuesta por Alfonso XII.
Durante todo el reinado de Alfonso XII pudo apreciarse un giro hacia el diálogo por parte del Vaticano, que teminó influenciando a los católicos españoles. Este acercamiento al marco de la Restauración servirá para hacer causa común contra los brotes republicanos y socialistas de la década de los 80. Hay que tener en cuenta la gran propaganda de la Iglesia durante la Restauración, usando púlpitos y periódicos de su misma ideología. De todas maneras, las directrices eclesiásticas llegaban al pueblo de manera confusa y a veces con tintes contradictorios, debido a las diferentes interpretaciones que daban los difusores y a las corrientes ideológicas que estaban en el seno del mismo catolicismo. Los gobiernos conservadores y liberales siempre tuvieron en mente llevarse bien con la Iglesia, no hasta el punto de depender de ellos, pero sí para contar con ellos y su buena voluntad a la hora de convencer a numerosos católicos que hasta la fecha habían sido adoctrinados que las ideologías liberales eran pecado. En 1878, Cánovas pidió al embajador Cárdenas que intentase obtener de la Santa Sede unas opiniones claras sobre el liberalismo que dejasen sin argumentos a los católicos más intransigentes. El punto donde se podía trabajar era en una distinción entre el liberalismo filosófico y el liberalismo político. Las mayores reticencias parecían venir de la propia jerarquía católica en España, puesto que multitud de sus integrantes se definían como tradicionalistas, incluso muchos de ellos eran adeptos a las ideas carlistas. Por este motivo, querían una vinculación de religión y política, tal y como aparecía en la Constitución de 1845. Esta posición negaba entonces la tolerancia religiosa y la situación política derivada de la Constitución de 1876, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para erradicar la explotación infantil en el trabajo (cosa que en principio se creía que todos iban a aplaudir, pero hay veces que no toda la bondad del mundo sirve para cambiar la idea de algunas personas). Los intransigentes intentaban poner en evidencia siempre que les era posible al Concordato vigente, junto a sus aplicaciones y derivaciones. Insistían que se salía de la ortodoxia católica antiliberal. Como última arma empezaron a desobedecer las directrices vaticanas que insinuaban colaboración o aceptación, trayendo discusiones entre obispos y la prensa y los líderes más radicales. El nuevo Papa, León XIII, tenía en mente recuperar el prestigio perdido por la Santa Sede y la quería convertir en una entidad internacional de peso, que evitase el aislamiento. Como consecuencia de la nueva política vaticana, Cánovas pudo contar con la benevolencia del Papa, la marginación de los integristas y el apoyo de la Santa Sede a España en sus conflictos diplomáticos con Italia y Alemania. A su vez, Cánovas del Castillo permitía la propaganda católica por prensa y protegería la actividad pastoral. Con el tiempo se vio que Estado e Iglesia tenían los mismos objetivos ante las nuevas ideas sociales: ensalzaban el orden y la propiedad del mundo burgués y criticaban las ideas revolucionarias socialistas. La misión de León XIII para la aceptación de la nueva situación de parte de las parroquias locales iba de la mano de ayudas de los gobiernos canovista y sagastino a la Iglesia. En estas esferas la colaboración se convirtió en excelente, pero ello no amedró a los marginados instransigentes, llegando a que en 1881 fundasen Unión Católica (que ensalzaba el ser católico antes de sus ideologías carlistas o alfonsinas) con Pidal y Mon al frente y constituída por católicos cualificados (contando con el apoyo en la sombra de muchos eclesiásticos aún descontentos). El gobierno de Sagasta había consolidado totalmente la Restauración, por lo que los carlistas vieron que su abstencionismo no iba a seguir resultando, por lo que tenían que aparecer en la escena política. De todas formas, Unión Católica resultó ser un fracaso al no poder subyugar las diferencias y tensiones políticas por cuidar la religión en común. En cambio, Nocedal y la publicación El Siglo Futuro se hicieron los adalides del tradicionalismo, consolidando su opción por la organización de la peregrinación a Roma de católicos españoles en el año 1882 en un mensaje de protesta por la conquista de Italia de los Estados Pontificios y el cautiverio del Papa. También querían manifestar su disconformidad del trastado del cuerpo del papa Pío IX en 1881. Nocedal tenía en mente inutilizar a la Unión Católica, a la vez que reafirmaba sus posiciones tradicionalistas y su aborrecimiento a los partidos posibilistas. Tanto politizó el ambiente que el Vaticano se opuso a la peregrinación, quedando ésta descalificada por obispos, prensa y seglares. Tanta oposición que al final tuvo que abortarse la manifestación. Tanto radicalismo y desprestigio mutuo llevado a cabo por la prensa y la crítica a obispos hicieron que el Vaticano publicase la Cum Multa para intervenir y eliminar el conflicto. En el manifiesto se ensalzaba que ser católico quedaba por encima de las ideologías políticas, por lo que aprobaba la pluralidad de ideas y pedía respeto a los católicos alfonsinos, llamados en esa época mestizos, en un claro intento peyorativo. Desgraciadamente, cada uno interpretó lo que quiso en el manifiesto y las críticas siguieron.
Llegó Mariano Rampolla, el nuncio papal, y durante el periodo 1883-1887 realizó su labor en España, con grandes resultados tras la muerte de Alfonso XII y el posterior asentamiento de la Regencia. Gracias a él se consolidaron las posturas posibilistas y se aislaron definitivamente a los intransigentes. Rampolla pidió la correcta interpretación de Cum Multa y una obediencia debida, dejando en evidencia por tanto a los intransigentes. Gracias a sus contactos con Izquierda Dinástica promulgó también un respeto a la legalidad vigente, mostrando un buen talante y rigor en el cumplimiento de sus cometidos. Tras abandonar el poder Posada Herrera y el retorno de Cánovas del Castillo se dan los conflictos ya mencionados por la presencia de Alejandro Pidal, cabeza visible de Unión Católica. La designación de éste como Ministro fue algo recomendado e insistido por el Rey, ya que veía así el cúlmen del proyecto de integración y conciliación iniciado al comienzo de su reinado y consolidado por sus presiones para que Sagasta llegase a la presidencia y que éste hubiese conseguido la aprobación del régimen por parte de gente de izquierda y de muchos republicanos. Retomando, la presencia de Pidal por deseo regio le valió a Cánovas el desarticular al carlismo y al abstencionismo al atraerse la simpatía de multitud de católicos. La Santa Sede también aplaudió la maniobra, aunque nunca contaron con el respaldo de la derecha católica ni con la izquierda liberal. Ya se dijo que durante el discurso de inauguración del curso 1884-85 en la Universidad de Madrid por parte de Miguel Morayta (importante y reconocido masón) ante la presencia de Pidal se armó tal revuelo que quedó minada su gestión frente al ministerio. La prensa católica y los obispos criticaron la tolerancia de Pidal al escuchar sin problemas una propaganda masónica y racionalista. En enero de 1885, el obispo de Plasencia, Casas y Souto, fomentaba mediante una pastoral el integrismo y que debían tomarse medidas contra el gobierno de Cánovas y sus ideas reconciliadoras. Criticaba incluso a la monarquía por haber aceptado este derrotero político. El conflicto diplomático fue suavizado por la actuación de Rampolla, al dar a entender que la pastoral era una crítica a las personas de Cánovas y de Pidal y un elogio a las ideas de Nocedal. El Vaticano consguió unas satisfacciones para el Gobierno pero no pudo solventar las disidencias. Incluso se llegó a criticar la postura posibilista de la Iglesia junto con unas dudas sobre si el nuncio estaba por encima de los obispos en la jerarquía, ya que Rampolla actuaba motivado por ideas diplomáticas y los obispos eran por tanto más independientes. Casañas, el obispo de Urgell, se lo hizo saber así a Cánovas en una carta personal enviada en marzo de 1885. Rampolla, a finales de este año, pudo conseguir un apoyo mayoritario de la jerarquía eclesiástica para que se declarasen a favor de la Regencia, que junto al pacto del Pardo, fue el de mayor importancia de la época. Al funeral de Alfonso XII acudieron cinco arzobispos y veinte obispos para dar un apoyo implícito y confirmar posteriores reuniones con Rampolla. La encíclica Inmortale Dei de diciembre de 1885 aseguraban la política vigente y la aplicación en España de las directivas de León XIII. Esto consolidaba al nuncio y marginaba al integrismo: se aceptaba el pluralismo político, la autoridad de los obispos sobre la prensa católica y la libertad de pensamiento en cuestiones opinables. Los liberales y la Regente aplaudieron este apoyo vaticano y de los obispos españoles, aprovechado esto por Sagasta para poder llegar a consensos sobre leyes de enseñanza y sobre matrimonio. El ministro Moret y el embajador Alejandro Groizard, ayudados por Rampolla, consolidaron así la Regencia desde el punto de vista de la Iglesia al tener asegurados respeto y colaboración que evitasen las amenazas revolucionarias y ensalzasen el orden de la época.
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Publicado originalmente el 15-10-2010
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